Crisis en Bolivia

 

El gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz y líder opositor derechista, Luis Fernando Camacho, fue detenido el 28 de diciembre último en la causa llamada «Golpe de Estado I» en la que están siendo investigados -junto con él-  varios dirigentes políticos, entre los que se encuentran  los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jeanine Áñez, por su participación en el derrocamiento del entonces Presidente constitucional  Evo Morales, en noviembre de 2019.

No debemos olvidar  la imagen de Camacho, empresario  y católico fundamentalista, ingresando a la Casa de Gobierno acompañado de una bandera y la Biblia con la intención de entregar a Evo su carta de renuncia prometiendo  “llevar a Dios de vuelta al Palacio del Quemado”.

Como así tampoco el linchamiento público de la alcaldesa de la ciudad de Vinto (Cochabamba), Patricia Arce Guzmán, en un hecho de odio  violento, clasista y racista. 

Si bien la administración de Santa Cruz  denunció que Camacho fue «secuestrado», el comunicado de  la Fiscalía General del Estado  manifiesta que el gobernador de Santa Cruz fue aprehendido «en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Departamental de La Paz en el caso denominado golpe de Estado».

El gobernador de Santa Cruz fue llamado a declarar en julio pasado, eligiendo no presentarse, por lo que a la fecha de su aprehensión tenía pleno conocimiento de la  orden de detención  que pesa sobre su persona, la que rige desde el mes de octubre; por lo que, tal como explica la  Fiscalía en su comunicado a través de Twitter,   «no se trata de un secuestro o persecución política» como intentan hacer creer  sus seguidores y la prensa hegemónica boliviana.

Camacho además sumó recientemente una nueva denuncia penal por un paro de más de 30 días en el departamento de Santa Cruz, en reclamo de un censo nacional para 2023; hecho por el que fue  citado por el Senado para dar explicaciones en el recinto,  pero tampoco se presentó.

Es evidente que el gobernador representa como pocos a las rémoras del racismo monárquico, y como tal, cuenta con escasos valores democráticos. Los privilegios propios de pertenecer a la casta de quienes manejaron el país durante siglos, encuentran un límite inesperado.

La Revolución Boliviana construyó instituciones democráticas sólidas, y muy a su pesar los golpistas y traidores a la Patria son juzgados y condenados.