El desafío debe ser construir un esquema de desarrollo integral

 

Por Francisco Peicoff

Presidente de la Juventud Radical de la Cuarta Sección

El debate argentino sobre el desarrollo lleva décadas girando en torno a visiones contrapuestas ya desgastadas. A diferencia de otros países que lograron consolidar estrategias sostenidas en el tiempo, en nuestro caso la discusión quedó atrapada en un péndulo permanente, sujeta a los caprichos de los gobiernos de turno.

Así, cada cambio de gobierno implica modificar prioridades, instrumentos y reglas. Una lógica que genera inestabilidad, aumenta la incertidumbre y desalienta cualquier tipo de inversión productiva.

Cada crisis afecta directamente el capital productivo, destruye empleo formal y golpea con dureza a pequeñas y medianas empresas. Luego, cuando la economía momentáneamente logra un atisbo de recuperación, lo hace desde una base mucho más frágil, y así se torna cada vez más complejo lograr una regeneración de empleos de calidad con mejoras salariales sostenidas en el tiempo.

Si nos acostumbramos a un sistema que premia la renta financiera por encima de la economía real, inevitablemente el crecimiento frena y el empleo se resiente. Si las tasas de interés superan de forma sistemática la rentabilidad esperada del inversor, es lógico que el capital se oriente hacia herramientas financieras antes que a proyectos productivos.

Cuando no se puede planificar, ese desarrollo parece quedar en una mera ilusión.

El desafío entonces debe ser construir un esquema de desarrollo integral que combine una macro ordenada con reglas internas estables. Argentina tiene alimentos, energía, minería, tecnología y talento humano. Tenemos los recursos y la capacidad, pero falta coherencia y una estrategia que no cambie cada cuatro años.

Un Estado presente debe intervenir coordinando y regulando con criterio y sensibilidad, a fin de garantizar estabilidad. Desde nuestra generación, el debate debe ser más profundo. 

Si, necesitamos modernizar las leyes estructurales de nuestro país, pensadas para otros tiempos y para otra estructura productiva, hoy desactualizadas, para que sumado a otros incentivos ayuden a generar más empleo formal, más inversiones y mejora de la competitividad.

Por supuesto que ninguna ley, por sí sola, genera las transformaciones que la Argentina necesita; pero cada reforma, si se hace bien, puede constituir un paso fundamental que plante nuevos puntos de partida.

Y si de verdad se trata de avanzar en cambios estructurales, resulta necesario animarse a revisar el desempeño de los sectores de poder que durante décadas hablaron en nombre de los trabajadores. Gobernar implica tomar decisiones sin que el temor a la conflictividad paralice las reformas.

Experiencias pasadas nos demuestran que sostener esquemas que ya no responden a la realidad actual no garantizan mejores resultados sociales. Durante años, con las mismas estructuras legales, el empleo formal no logró expandirse de manera sostenida, la informalidad creció y los niveles de pobreza aumentaron. Defender reglas que no resolvieron esos problemas no es proteger derechos; es resignarse al estancamiento.

La inclusión se construye con reglas que permitan crear empleo y sostener políticas públicas eficaces. Entonces, modernizar no debe ni puede ser sinónimo de desproteger.

Trabajemos en consensos dejando de lado los dogmatismos que poco ayudan a resolver los problemas de fondo. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí entender que pautas básicas son las que permitan construir estabilidad y previsibilidad.

Sin continuidad en políticas estructurales, el debate sobre el modelo de desarrollo seguirá siendo una eterna discusión circular.