Jóvenes en el fuego cruzado: ¿Censura educativa o manipulación política? La guerra por el Concejo Deliberante Estudiantil

El programa de formación cívica de Junín fue paralizado por una controversia sin precedentes. Mientras la oposición denuncia la "prohibición" de Jefatura Distrital, la concejal de Fuerza Patria, Francina Sierra, acusa a Somos de "manipulación" y de utilizar a los estudiantes para intereses partidarios.

La parálisis del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) de Junín se ha convertido en el epicentro de un fuerte conflicto político que trasciende el ámbito educativo. Lo que comenzó como una denuncia de la oposición (bloques Somos y La Libertad Avanza) sobre la supuesta "prohibición" de la Jefatura Distrital de Educación para que estudiantes de escuelas públicas asistieran a la última sesión, escaló a una guerra de acusaciones de alto impacto. La controversia, que afecta directamente la formación cívica de los jóvenes, ha polarizado al cuerpo legislativo local.

El nudo del conflicto gira en torno a un proyecto presentado por estudiantes de escuelas estatales. Los ediles de Somos lo defendieron como un ejercicio de libre expresión, mientras que el oficialismo provincial (Fuerza Patria) planteó una versión completamente opuesta. La concejal Francina Sierra (Fuerza Patria) salió al cruce, desmintiendo la "prohibición" y acusando a sus pares de la oposición de "faltar a la verdad". Según Sierra, la suspensión se debió a un "claro acto de manipulación y aprovechamiento político" de los jóvenes por parte de concejales.

Esta doble narrativa —"censura educativa" versus "instrumentalización de menores"— pone de manifiesto la fragilidad del programa. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Radicalismo presentó una nota formal pidiendo transparencia y la creación de un protocolo para proteger la intimidad de los estudiantes, intentando elevar el debate por encima de la confrontación partidaria y asegurar la supervivencia del CDE.

Análisis de la Controversia: Las Dos Versiones

El conflicto se originó tras la suspensión de la sesión donde se tratarían proyectos de las escuelas públicas.

1. La Denuncia de Prohibición (Oposición)

La oposición argumentó que la decisión de la Jefatura Distrital de no autorizar la concurrencia de estudiantes de gestión estatal representó una "prohibición" que "vulnera el derecho a la libre expresión" de los menores de edad. Este sector exige la intervención activa del Concejo y la creación de un protocolo de transparencia para evitar que las "irregularidades" afecten una "herramienta pedagógica fundamental". La denuncia enfatiza la responsabilidad institucional de resguardar la intimidad y la integridad de los estudiantes ante la exposición mediática.

2. La Acusación de Manipulación (Fuerza Patria)

La concejal Francina Sierra (Fuerza Patria) negó tajantemente que existiera una prohibición, argumentando que las autoridades educativas solo solicitaron una reunión para "explicar y aclarar la situación". La edil acusó al bloque Somos de "victimizarse y mediatizar la situación" al transformar un desacuerdo interno en un escándalo público. La principal y más grave acusación de Sierra es que "Hubo en el trabajo de comisiones... un claro acto de manipulación y aprovechamiento político de los jóvenes para que escriban un proyecto que no pidieron escribir". Sierra hace responsable a la presidenta de la comisión de educación, Emilse Marini, por la falta de conducción y advierte que si el programa no continúa, la "responsabilidad está en el bloque de Somos" por romper los puentes de diálogo.

Más allá de la batalla de comunicados, el Concejo Deliberante Estudiantil ha sido efectivamente paralizado y su valor pedagógico está en riesgo. La responsabilidad de este colapso recae en la dirigencia política que, sea por supuesta censura o por manipulación partidaria, ha colocado a los estudiantes menores de edad en el centro de un conflicto ideológico. 

Es urgente que todos los bloques acuerden el protocolo de protección solicitado por el Radicalismo y restablezcan el diálogo para garantizar la continuidad del programa, demostrando que el interés superior de la formación cívica de los jóvenes está por encima de las mezquindades electorales.