TELETIPO REGIONAL

El acuerdo por la Casa de Abrigo Francisco Legarra abre una etapa que exige poner el foco en su implementación en el marco de un sistema de protección de derechos.

Por Virginia González, referente del Colectivo Juana Azurduy.

En los últimos días se anunció la firma de un nuevo convenio para la Casa de Abrigo Francisco Legarra entre la Municipalidad de Junín y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. En un contexto donde no siempre es fácil sostener el diálogo entre distintos niveles del Estado, que ambas instancias puedan avanzar en un acuerdo es, sin dudas, una buena noticia.

Recordemos que recientemente el Municipio de Junín decidió no asistir a reuniones a las que fue convocado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, junto a la totalidad de intendentes bonaerenses, tanto oficialistas como opositores.

En esas instancias se evaluó el impacto del plan económico del Gobierno Nacional en un escenario de aumento de la demanda social en los territorios, con el objetivo de articular reclamos por fondos retenidos y respaldar gestiones institucionales.

En ese contexto, resulta pertinente preguntarse cómo se compatibiliza ese diagnóstico de mayor demanda social con decisiones que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos territoriales de cuidado.

Entonces, tratándose de niñez y adolescencia, se plantea la necesidad de avanzar con suma precaución sobre las condiciones concretas de implementación del acuerdo.

Los dispositivos que responden a las medidas de abrigo no son espacios que se organizan únicamente en función de un número de plazas. Su funcionamiento está regulado por criterios específicos que contemplan aspectos edilicios, equipos de trabajo y modalidades de cuidado. 

Por eso, cualquier ampliación de cupos requiere una evaluación seria de esas condiciones, para asegurar que el crecimiento no vaya en detrimento de la calidad de la propuesta de cuidados.

En esa misma línea, es importante recordar que estos dispositivos forman parte de un sistema provincial de protección de derechos. Su funcionamiento no responde a lógicas exclusivamente locales, sino a una red más amplia que define roles, funciones y condiciones de intervención, enmarcadas en la ley provincial 13.298 y el decreto reglamentario 300/05.

Además, ese entramado no debe agotarse en el Estado. Las organizaciones sociales han sido históricamente parte fundamental de los cuidados y crianzas, sosteniendo cotidianamente espacios de acompañamiento, escucha, contención y desarrollo pleno de niños y adolescentes. Experiencias con trayectoria territorial, como la del Colectivo Juana Azurduy, integran el sistema de promoción y protección, y aportan un conocimiento específico que resulta clave para cualquier abordaje integral.

Por este motivo, es claro que cualquier esquema de funcionamiento que no contemple la articulación con las experiencias sociales, corre el riesgo de debilitar, en lugar de defender, la red existente.

La tarea del Estado es fortalecer, mediante políticas públicas, las tramas comunitarias que sostienen el cuidado como un derecho.

Es innegable que el modelo de gestión social y democrática del Colectivo Juana Azurduy se ha constituido, en nuestra ciudad, en una propuesta innovadora, ética y eficiente. A partir de la experiencia cooperativa de los cuidados comunitarios, aporta valor social y económico al territorio.

En este aspecto, el interrogante que surge es sobre la insistencia del gobierno municipal dirigida a desarmar la articulación, propuesta por el Organismo de Niñez y Adolescencia, con una organización social con amplia trayectoria local y regional, en el acompañamiento a niños, adolescentes y jóvenes.

Los hogares convivenciales son una instancia excepcional dentro de la política pública de niñez y adolescencia, pensados para situaciones donde no existen otras alternativas de cuidado. En este sentido, resulta crucial fortalecer las estrategias territoriales, el acompañamiento a las familias y las redes comunitarias.

Así, la implementación no debería agotarse en la infraestructura del Hogar Provincial Casa de Abrigo Legarra. Una política integral de niñez no puede limitarse a resolver el alojamiento de chicos y chicas cuando ya no hay otra alternativa. Debe poner el foco en fortalecer los Servicios Locales y las estrategias territoriales que evitan que un niño o niña llegue a esa instancia. Ordenar el sistema es, ante todo, garantizar derechos.

Esto cobra aún más relevancia en un contexto en el cual las infancias y adolescencias están atravesadas por nuevas formas de conflictividad que se expresan en distintos ámbitos, incluida la educación formal, y que vuelven a poner en primer plano la necesidad de fortalecer los dispositivos de cuidados, el acompañamiento cotidiano y la salud mental, junto a las tramas territoriales.

El desafío, entonces, no es sólo avanzar en el acuerdo alcanzado, sino garantizar que su implementación se dé en condiciones adecuadas, en articulación con la totalidad del sistema y con los recursos necesarios, respetando los marcos normativos vigentes y las responsabilidades propias de cada nivel del Estado.

Porque cuando hablamos de niñez y adolescencia, no se trata de imponer respuestas, sino de garantizar que aquéllas estén a la altura de los derechos que se busca proteger.