TELETIPO REGIONAL

POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD. El concejal Juan Pablo Olivieri, presidente del bloque de Somos-UCR, brindó detalles sobre la iniciativa que busca prohibir el desempeño en cargos públicos a personas con condenas firmes. El proyecto será tratado el próximo martes 12 de mayo y apunta a fortalecer la transparencia en el Ejecutivo y el Legislativo local.

En un contexto donde la sociedad demanda mayores gestos de integridad por parte de la dirigencia, el Concejo Deliberante de General Arenales analiza la implementación de la ordenanza de "Ficha Limpia". En diálogo con Canal 10, el concejal Juan Pablo Olivieri explicó que la propuesta busca establecer un estándar ético para quienes ocupen cargos de secretarios, directores, funcionarios del Ejecutivo y miembros del cuerpo legislativo.

Alcances del proyecto

La iniciativa establece que ninguna persona que cuente con condena firme por delitos específicos podrá ejercer funciones públicas en el municipio. Entre los puntos centrales de la ordenanza se destacan:

Delitos contra la administración pública: Casos de corrupción y malversación de fondos.

Delitos graves: Homicidios y hechos de violencia de género.

Deudores alimentarios: Quienes integren el registro de morosos no podrán formar parte de la estructura de gobierno.

Olivieri fue enfático al aclarar que la norma requiere de una sentencia firme de la justicia para ser aplicada, evitando así que denuncias sin resolución judicial sean utilizadas como herramientas de persecución política.

Transparencia como bandera

El concejal radical subrayó que esta medida es un "gesto necesario" hacia la comunidad. "Queremos mostrar transparencia y dar los debates que a veces en el Congreso Nacional no se logran concretar por falta de acuerdo entre los bloques. En un distrito pequeño como el nuestro, estos ejemplos son fundamentales", señaló el edil.

Tratamiento en el recinto

El proyecto ya fue girado a la Comisión de Reglamento, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Sin embargo, Olivieri expresó su deseo de que la norma sea aprobada por unanimidad en la sesión del próximo martes 12. "Entiendo que la oposición debería acompañar; nadie querría que una persona condenada por homicidio, violencia de género o corrupción cumpla funciones en el Estado", concluyó.