Junín también se sumó a los reclamos por la “aplicación inmediata” de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Estas movilizaciones buscan visibilizar la problemática y recordar al Estado argentino su obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en cumplimiento de la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por el país.

Este miércoles por la tarde en la plaza "25 de Mayo" de Junín se realizó un acto de visibilización y convocatoria -al igual que se desarrolló en otras ciudades del país en la misma jornada-  para reclamar la inmediata aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo pero aún postergada en su ejecución.

Desde la organización del acto señalaron que esta demora constituye una grave vulneración de derechos y un debilitamiento institucional, ya que se trata de una norma que fue votada y aprobada por el Congreso de la Nación. “Los derechos no pueden quedar a discreción del Gobierno”, remarcaron.

Una ley promulgada pero sin ejecución

La Ley 27.793 declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Fue promulgada luego de que el Congreso rechazara un veto presidencial, pero su entrada en vigencia quedó supeditada a que se definan las fuentes de financiamiento necesarias y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

En este marco, el Gobierno publicó la Decisión Administrativa 24/2025, que readecúa partidas presupuestarias para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre, aunque aclaró que la aplicación de la ley dependerá de la aprobación parlamentaria del financiamiento.

Además, mediante el Decreto 681/2025, se oficializó la promulgación de la norma, detallando el impacto fiscal proyectado y ratificando la suspensión de su ejecución hasta que se definan los recursos.

Reclamo ante organismos internacionales

Frente a este escenario, el Foro Permanente envió una carta a organismos internacionales para informar sobre la situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. En el documento se denuncian vulneraciones de derechos, el incumplimiento de leyes clave como la 27.793 y el impacto de políticas públicas que afectan pensiones, prestaciones básicas y talleres protegidos.

La organización expresó su profundo descontento con la falta de respuestas oficiales y advirtió que la postergación de la ley afecta directamente la calidad de vida de miles de familias en todo el país.

Algunos de los puntos que se vienen reclamando en todo el país son respeto y aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad; cumplimiento efectivo por parte del Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos; responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en garantizar los derechos del colectivo; fin de las dilaciones y postergaciones que vulneran derechos y dignidad para las personas con discapacidad y sus familias.

Estas movilizaciones buscan visibilizar la problemática y recordar al Estado argentino su obligación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en cumplimiento de la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por el país.