TELETIPO REGIONAL

En una sesión marcada por la polémica y los pases de factura políticos, se debatió la factibilidad de extender el transporte público a Saforcada y declarar la emergencia en el servicio suburbano. Fuertes discursos de Orlanda D´Andrea (UCR), Francina Sierra (Fuerza Patria) y Belén Veronelli (La Libertad Avanza).

El recinto del Concejo Deliberante de Junín volvió a convertirse este jueves 11 en el epicentro de una acalorada discusión política. El eje del debate giró en torno a dos expedientes de alto impacto para los vecinos de los pueblos del distrito: el proyecto para evaluar la factibilidad de implementar una línea de transporte público regular que conecte Junín con Saforcada, y el pedido de declaración de emergencia en el servicio de transporte público de pasajeros para las zonas suburbanas, el Parque Natural Laguna de Gómez y las localidades rurales del partido.

Durante el tratamiento de las iniciativas, concejales de diferentes bloques fijaron posturas contundentes que dejaron en evidencia las visiones contrapuestas sobre la administración de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo y las prioridades de la gestión municipal.

Orlanda D´Andrea (UCR): "El transporte a los pueblos se sostiene con recursos propios"

La concejal del bloque oficialista Juntos por el Cambio, Orlanda D´Andrea, abrió el debate defendiendo la gestión del intendente Pablo Petrecca y cruzando con dureza los argumentos de la oposición. D´Andrea remarcó que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy Junín cuenta con un servicio de transporte público urbano consolidado, y enfatizó el enorme esfuerzo presupuestario que realiza el municipio para sostener los viajes hacia los pueblos.

"El transporte a las localidades se sostiene con recursos puramente municipales. Es muy fácil pedir desde la oposición sin contemplar el contexto de crisis y el ahogo financiero que sufren los municipios", argumentó la edil radical.

Asimismo, la concejal justificó de manera técnica la utilización de los recursos municipales, explicando que el Ejecutivo debe administrar con extrema prudencia los fondos disponibles para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, sin desfinanciar otras áreas estratégicas de la comuna.

Francina Sierra (Fuerza Patria): "La plata del Fondo Educativo debe usarse para que los chicos vayan a la escuela"

A su turno, la concejal de Fuerza Patria, Francina Sierra, lanzó una de las alocuciones más críticas de la jornada, enfocando su discurso en la situación de los estudiantes de Saforcada y las delegaciones rurales. Sierra denunció que la falta de un transporte regular aísla a los jóvenes y vulnera el derecho al acceso a la educación.

"Hay recursos y están disponibles. El Fondo de Financiamiento Educativo que recibe el municipio tiene que utilizarse de manera prioritaria para resolver el transporte de los chicos que tienen que venir a estudiar a Junín", disparó la concejal de la oposición.

Sierra le reclamó al Departamento Ejecutivo que deje de poner excusas macroeconómicas y asuma la decisión política de conectar a las localidades del partido. "No podemos hablar de inclusión educativa si dejamos a contraturno a los alumnos de los pueblos porque no tienen un colectivo que los traiga a la ciudad", concluyó.

Belén Veronelli (LLA): "No podemos declarar emergencias para firmar contratos a dedo"

Por último, la concejal de La Libertad Avanza, Belén Veronelli, fijó la postura de su bloque con una fuerte advertencia respecto a los alcances legales de la declaración de emergencia solicitada por los sectores de la oposición tradicional. Si bien reconoció la necesidad de mejorar la conectividad de los vecinos, cuestionó el mecanismo administrativo propuesto.

"Acompañamos el reclamo de los vecinos de Saforcada, pero no vamos a avalar una declaración de emergencia que le otorgue superpoderes al Ejecutivo para realizar contrataciones directas o firmar contratos a dedo sin los controles correspondientes", advirtió Veronelli.

La edil libertaria insistió en que cualquier extensión o reforma del sistema de transporte público debe pasar por los carriles institucionales transparentes, mediante licitaciones claras y análisis de costos reales, evitando el uso de figuras de excepción que terminen perjudicando las arcas municipales.