Pablo Petrecca exigió el fin de los celulares en las cárceles: "No podemos permitir que los penales sigan siendo call centers del delito"

 

⚖️ SEGURIDAD Y LEGISLATURA. El senador provincial por la Cuarta Sección renovó sus críticas al Gobierno de Axel Kicillof por la permanencia de la telefonía móvil en los penales bonaerenses. Tras conocerse nuevos casos de estafas virtuales organizadas desde las unidades de Junín, Petrecca insistió en la necesidad de instalar inhibidores de señal para proteger a los vecinos.

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En una dura intervención que refleja la preocupación de miles de bonaerenses, el senador provincial Pablo Petrecca volvió a poner el foco en la inseguridad que se genera desde el interior de las unidades penitenciarias. El legislador fue categórico al señalar que el uso de teléfonos celulares por parte de los internos —una medida excepcional adoptada durante la pandemia que aún continúa vigente— se ha transformado en una herramienta sistemática para el crimen organizado.

"El gobernador Kicillof convirtió a las cárceles en call centers y a la provincia en tierra de nadie", sentenció Petrecca. La declaración cobra especial relevancia en nuestra ciudad, donde las investigaciones judiciales han demostrado recientemente que diversas estafas telefónicas y extorsiones virtuales sufridas por vecinos de Junín fueron coordinadas desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13.

Estafas a adultos mayores y ciberdelito

El modus operandi es recurrente: delincuentes que se hacen pasar por personal policial o bancario para presionar psicológicamente a las víctimas, especialmente a los adultos mayores, y obligarlos a realizar transferencias de dinero. "Lo dijimos mil veces: en las cárceles tiene que haber cero celulares. No se puede seguir mirando para el costado mientras se destruye la economía y la tranquilidad de las familias desde una celda", subrayó el senador.

El proyecto de los inhibidores

Petrecca impulsa en la Legislatura la obligatoriedad de instalar inhibidores de señal en todos los penales de la provincia. La propuesta busca que la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados se realice exclusivamente a través de teléfonos públicos o líneas fijas auditables, eliminando la posibilidad de acceso a internet y aplicaciones de mensajería que facilitan el delito.

"Es una cuestión de decisión política. La tecnología existe para bloquear las señales y proteger a los ciudadanos, pero parece que el Gobierno provincial prefiere priorizar los privilegios de los delincuentes por sobre la seguridad de los trabajadores", concluyó el ex intendente de Junín.