TELETIPO REGIONAL

La División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, en articulación con la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense, allanó un pabellón de la Unidad N° 16 y secuestró un celular utilizado para amenazar a una familia juninense desde el interior del penal.

Una investigación iniciada a partir de la denuncia de un vecino de Junín, quien recibió mensajes de audio amenazantes a través de WhatsApp, derivó en un operativo que expuso una modalidad delictiva en franco crecimiento: el uso de teléfonos celulares por parte de internos para cometer ilícitos desde el interior de las unidades penitenciarias.

El trabajo de rastreo digital estuvo a cargo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, que, mediante el análisis de tráfico telefónico, geolocalización de antenas y cruce de bases de datos, logró establecer un vínculo entre la línea utilizada para proferir las amenazas y una persona actualmente detenida en la Unidad Penitenciaria N° 16, con antecedentes por un homicidio ocurrido hace más de una década.

Con el aval de la Fiscalía interviniente y la correspondiente autorización judicial, personal de la División, junto con efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense, ingresó al establecimiento y secuestró un teléfono celular que ahora será sometido a pericia informática para determinar su vinculación con los hechos investigados. A partir de este procedimiento, el detenido fue notificado de la formación de una nueva causa por amenazas agravadas.

Un antecedente que marcó a la ciudad

El nombre del detenido no es ajeno a los antecedentes policiales de Junín. Hace más de una década, integró junto a otras dos personas el trío que fue llevado a juicio por el crimen de un enfermero de la ciudad, ocurrido en marzo de 2012 en una vivienda del barrio, un hecho que en su momento generó fuerte conmoción social y mediática por la saña del ataque y por la posterior venta de pertenencias sustraídas a la víctima, entre ellas una computadora portátil.

La investigación de aquel entonces combinó pericias genéticas, análisis de comunicaciones telefónicas y testimonios cruzados, y permitió reconstruir los movimientos de los tres acusados durante las horas posteriores al hecho.

Tras un extenso juicio oral, el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Junín condenó a los tres imputados a penas de entre 13 y 16 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio. Al hoy nuevamente detenido se le impuso, además, la máxima condena y la declaración de reincidencia, por tratarse de una persona que ya había cumplido una pena privativa de la libertad con anterioridad a ese crimen.

Aquel caso había tenido, además, un capítulo adicional: uno de los coimputados fue localizado y detenido en la provincia de Mendoza, tras permanecer bajo seguimiento de los investigadores locales, lo que en su momento también fue noticia en los medios regionales.

Una modalidad delictiva que preocupa

El caso actual pone de relieve un fenómeno que inquieta cada vez más a la Justicia y a las fuerzas de seguridad de la región: la persistencia de estructuras delictivas que continúan operando desde el interior de las cárceles, valiéndose de dispositivos de comunicación en poder de los internos.

Frente a este escenario, la coordinación entre las áreas de investigación tecnológica, el Ministerio Público Fiscal y el sistema penitenciario se consolida como una herramienta clave para detectar y desarticular este tipo de maniobras antes de que escalen.

La palabra de la Secretaría de Seguridad

Desde la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín se destacó el trabajo articulado entre las distintas fuerzas y se remarcó la importancia de que la ciudadanía continúe realizando las denuncias correspondientes ante cualquier situación de amenaza o intimidación, cualquiera sea el medio utilizado para cometerla.

Asimismo, se recomendó a los vecinos conservar las capturas de pantalla, audios y mensajes recibidos, evitar responder o interactuar con los remitentes de este tipo de comunicaciones y realizar la denuncia de manera inmediata en la dependencia policial más cercana o a través de los canales digitales habilitados.

El caso demuestra que ni siquiera el encierro es garantía de impunidad para quienes intentan seguir delinquiendo desde las sombras.